El Ministerio de Justicia oficializó la ampliación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Así, se extenderá su ámbito de delimitación poblacional y geográfica a todas las personas privadas de libertad en condiciones de acceder al arresto domiciliario que tengan domicilio en el país.
El subsecretario de Relaciones con el Poder
Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahíques y el Director
Nacional de Readaptación Social de esa Subsecretaría, Matías de Sanctis, presentaron
la ampliación del “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia
Electrónica”.
Mediante la Resolución 86/2016, el Ministerio de
Justicia amplió el ámbito de delimitación poblacional y geográfica del
Programa, a los fines de que “no se circunscriba únicamente a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los Partidos de la Provincia de Buenos Aires, sino
que alcance también a las personas privadas de libertad en condiciones de
acceder al arresto domiciliario que tengan domicilio dentro del país”.
El Programa está previsto para “toda persona
adulta, condenada o procesada por la Justicia Nacional o Federal que se
encuentre privada de su libertad, en condiciones de acceder al arresto
domiciliario y que tenga domicilio en nuestro país”.
"Se ha constituido como una herramienta
fundamental para mejorar la vida de las personas que cumplen una medida
restrictiva de la libertad bajo vigilancia electrónica, mitigando el impacto
negativo de la privación de la libertad y promoviendo una mayor integración de
las personas afectadas con su núcleo familiar y la comunidad".
Además, el Programa tendrá a su cargo la
capacitación de los operadores encargados de llevar a cabo su implementación en
cada una de las jurisdicciones. “La implementación, al velar por el
mantenimiento de los lazos sociales y familiares de las personas privadas de
libertad, contribuye a generar las condiciones para su reinserción en el tejido
social”, añadió.
“A través del Programa de Asistencia de Personas
Bajo Vigilancia Electrónica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación busca poner a disposición de los distintos operadores del sistema
judicial una herramienta de control efectivo que permita pensar el arresto
domiciliario como una alternativa cierta a la pena de prisión, en tanto garantiza
a los jueces el conocimiento de que la persona está en el lugar de detención o,
en su defecto, que transgredió las condiciones del arresto”, manifestó el
subsecretario Juan Bautista Mahíques.
Al respecto, Mahíques subrayó: “La responsabilidad primaria del Programa, aquello que considero un verdadero plus, está dado por el abordaje psicosocial que un equipo de profesionales hará con los internos con el claro objetivo de promover sus derechos”.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/74916/noticias/vigilancia-electronica-nacional-y-popular.html
