Para mayo está previsto que comiencen a operar los cambios
en el Impuesto a las Ganancias para los 30 jueces y otros tantos secretarios
que se prevé ingresarán al Poder Judicial este mes. Resta precisar si lo
tributarán los funcionarios del riñón de la Justicia que sean ascendidos y si
los “nuevos” ganarán menos. Las posibles salidas que prevé el Gobierno. La
opinión favorable de los ministros de la Corte Suprema.
Lo que parecía impensado está cerca de convertirse en
realidad: los magistrados que sean designados a partir de este mes serán la
primera camada de los que tributen impuesto a las ganancias y, de esa manera,
terminar con lo que era visto desde afuera de la Justicia como un privilegio
sin fundamento.
Según pudo saber Diario Judicial, cerca de 30 magistrados
serían designados este mes y comenzarán a pagar el tributo que, tras la reforma
de fines del año 2016, incluye a los magistrados y funcionarios judiciales de
alto rango. Lo que resta precisar es su implementación.
En concreto, la norma establece que constituyen ganancias de
cuarta categoría las del “desempeño de cargos públicos nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin
excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y
Legislativos”, lo mismo para el caso “de los Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio
Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año
2017, inclusive”.
El texto señala la generalidad de los casos, pero no
establece precisiones sobre qué funcionarios concretamente deberán tributarlo o
cómo influirá en el salario de los nuevos magistrados el pago del tributo.
Dos hipótesis hacen ruido en el seno de los judiciales. La
primera es que si los funcionarios del “riñon” de la Justicia, que ya se
encuentran en el Poder Judicial o alguno de los Ministerios Públicos pero no
con cargos jerárquicos, deberán pagar el impuesto o si, por el contrario, se
los excluirá de esa obligación.
La segunda es en relación al bolsillo de los magistrados.
Más precisamente si el pago del impuesto les significará una merma en sus
ingresos en comparación con los de sus colegas que se encuentran exentos.
Según informa el diario Ambito Financiero, desde el gobierno
manejan salidas para ambos casos, que tienen el visto bueno de los integrantes
de la Justicia. Para el primer caso, se espera la aclaración de que los
funcionarios de “carrera judicial” no paguen ganancias. En los hechos significa
que quien se encuentre como escribiente, si en el futuro es designado
secretario no tenga que pagar el impuesto.
Para el segundo caso, la idea es mantener el poder
adquisitivo del salario tanto de los jueces en funciones como para los nuevos.
Por ende, la solución sería un aumento en el sueldo nominal de los nuevos
magistrados para que, pese a que se les haga el descuento en su sueldo por
ganancias, ganen “en mano” lo mismo que sus colegas que se ven exentos de
tributar el impuesto.
Guiño de la Corte
El pago de Ganancias por parte de los nuevos magistrados
tienen el visto bueno de la Corte Suprema, que resolvió una pequeña
controversia sobre la interpretación del texto de la norma de una manera
“salomónica”. En diciembre pasado, luego de votarse la reforma, surgió la
incertidumbre respecto de quienes se verían incluidos en el impuesto durante
2017. Es que agrega la palabra “inclusive” y eso generó suspicacias.
La Corte salió a aclarar que pese a ese detalle “queda claro
que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que
están en funciones no pagarán el impuesto”, pero en cambio, “quienes ingresen a
partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.
Además, algunos de los ministros del Máximo Tribunal de
Justicia ya hicieron pública su adhesión a la idea de que los magistrados deben
afrontar ese tributo. A la ya conocida opinión de Horacio Rosatti – que incluso
se plasmó en un fallo de la Corte en el que participó como conjuez- se le
agrega la de Elena Highton de Nolasco.
La vicepresidente de la Corte, en un reportaje concedido al
diario Página 12, dijo que la solución ideada por el gobierno de que paguen los
nuevos magistrados es “la más adecuada”, ya que “no crea reducciones de sueldo
que sean cuestionables constitucionalmente”. “En Estados Unidos se hizo
así, tardaron cincuenta años en que se
generalizara”, remarcó.
Además, consideró que la diferenciación no genera una
situación de inequidad ya que el juez nuevo “sabe que entra en estas
condiciones”. “Nadie está obligado a ser juez. El decreto que publicará el
Gobierno se supone que servirá para precisar algunas cuestiones”, añadió.
Highton también se sumó en esa ocasión a la duda sobre el
pago de ganancias de los que ya se encuentran en la Justicia pero no tienen
cargo jerárquico. “La ley dejó sin resolver si el que ya está en el poder
judicial y se convierte en juez empieza a pagar, permite interpretaciones”,
sostuvo.
Algunos de los que pagarán Ganancias
Tribunales de importancia contarán con nuevos miembros que
deberán pagar ganancias. Según pudo recopilar Diario Judicial de los concursos
concluidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la renovación de la Cámara del Trabajo de la Capital
Federal que incluye el ingreso de un juez a la Sala I, de dos cargos para la
III, y de un cargo para la IV, la VI y
la VIII, estarán varios de los camaristas que se incluyan en el tributo.
También los nuevos
titulares de los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción Nros. 4, 6,
12, 16, 24, 28, 29 y 49, del Concurso N°297 ingresarán al amparo de la reforma
tributario. Lo mismo para los que finalmente sean designados por el concurso nº
305 correspondiente a los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nros. 9, 11, 21, 26, 33, 34, 36 y 40.
Respecto de estos últimos, una polémica surgió a fines de
marzo, por la existencia de un formulario enviado por el Ministerio de Justicia
a los aspirantes, que les hacía prestar “conformidad expresa” para someterse al
régimen de Impuesto a las Ganancias” y para “ser transferido de la Justicia
Nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad”. Lo que fue
calificado como una especie de “extorsión”, aunque “dura lex, sed lex”.
Fuente: AT
