El Colegio de Abogados de la Capital ante la designación de veedores en la Justicia provincial, decidió mirar atrás y buscar precedentes. Sucede que el Colegio se hizo cargo de las dudas que generaron las figuras de los veedores propuestos: el dirigente radical Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, funcionaria local de Cambiemos.
Según la entidad, ninguno de los dos ofrece la independencia
que el desempeño del rol requiere. Por esa razón, el Consejo Directivo de la
institución objetó las designaciones, y exhortó al Ministerio de Justicia y de
Derechos Humanos de la Nación a garantizar que la veeduría será seria y
transparente.
La observación es respaldada en tanto y en cuanto se
circunscriba a “mirar” los procesos y reciba el acuerdo de la Corte. El Colegio
presidido por Marcelo Billone sentó una posición cinco días después de que
Alejandro Collia, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, solicitara permiso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para
“tomar vistas y extraer copias” en 33 casos, eventualmente con colaboración del
Cuerpo de Auditores. Mientras tanto, el alto tribunal estudia cómo pararse
frente a este pedido que comprende 19 procesos penales con repercusiones
institucionales intensas (se informa por separado).
En el ánimo de los directivos del Colegio influyó otra
resolución de febrero de 2016, donde la gestión anterior encabezada por
Francisco García Posse instó públicamente a la Nación a enviar un funcionario
observador del desempeño y actuación del Ministerio Público de Tucumán en
causas en que se investigan o son denunciados sus propios miembros o familiares
y otros funcionarios del Estado.
La mitad de los consejeros en funciones en el presente
habían dado el visto bueno a esta solicitud porque el órgano de conducción sólo
se renovó parcialmente a finales del año pasado.”Por una cuestión de
coherencia, correspondía mantener la postura adoptada”, explicó Billone ayer, a
posteriori de la sesión del Consejo. Y añadió que la resolución preexistente
obedecía a uno de los picos de las tensiones registradas en la cúpula judicial,
en esa ocasión desencadenada luego de que el camarista Enrique Pedicone
informara a la Corte que le habían impedido fallar en una causa penal atinente
al ex fiscal Guillermo Herrera.
“En esas circunstancias, el Colegio de Abogados expresó que
desde la llegada de Edmundo Jiménez al Ministerio Público la situación del
fuero penal se había agravado. Como se sabe, oportunamente el Colegio de
Abogados se había opuesto al nombramiento de ese funcionario”, comentó Billone.
Otro antecedente evaluado fue la actividad como veedor que
desplegó Bernardo Lobo Bugeau, hoy funcionario del Ministerio Público de
Jiménez. “La Nación ya actuó en el caso ‘Lebbos’ (en 2013), y nosotros
consentimos y citamos su informe para pedir la destitución del ex fiscal Carlos
Albaca”, recordó Billone.
Fuente: AT
